Zacatecas, Zacatecas a 25 de abril de 2019
Licenciada Susana Rodríguez Márquez, Presidenta de la Mesa Directiva de la
LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas.
Magistrado Armando Ávalos Arellano, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Zacatecas.
Licenciado Ulises Mejía Haro, Presidente Municipal de Zacatecas.
Doctora Namiko Matzumoto Benítez, Presidenta de la Federación Mexicana de
Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Doctora Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
Saludo también con gran afecto a mis compañeras y compañeros homólogos de los
Organismos Públicos de Derechos Humanos del país, a quienes asisten en su
representación, así como a todos los aquí presentes.
Señoras y señores,
En el pasado mes de septiembre celebramos los 25 años de creación de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, lapso en el
que esta asociación, ha sido un elemento fundamental para la consolidación y
fortalecimiento de lo que se ha denominado como sistema no jurisdiccional de
protección de los derechos humanos en nuestro país, mediante el trabajo,
compromiso y actuación responsable de sus miembros en favor de México y de su
sociedad, por medio de la promoción y defensa de los derechos fundamentales y el
respeto a la legalidad.
A diferencia de lo que pasaba en 1993, hoy día las personas conocen y son más
conscientes de sus derechos, hay donde y quien atienda las violaciones a los
mismos, además de brindar apoyo a las víctimas. No sería aventurado decir que,
de manera gradual y no sin dificultades, se ha generado una conciencia en la
sociedad y en las autoridades sobre la importancia y necesidad de que se respeten
los derechos de las personas, visibilizado múltiples abusos, logrado que, de algún
modo, los mismos no queden impunes y propiciado que gradualmente, los derechos
fundamentales se tomen en cuenta al diseñar e implementar políticas públicas. Es
claro que en este cuarto de siglo nuestro país ha optado por la ruta del
reconocimiento y respeto de la dignidad humana.
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No obstante los avances registrados, esta Federación Mexicana llega a éste, su
quincuagésimo Congreso, en un entorno que presenta múltiples problemáticas y
retos para las instancias que lo integramos, mismas que debemos enfrentar y
atender. Aun cuando pareciera algo anacrónico, los cuestionamientos a los
sistemas de protección y defensa de los derechos humanos, así como a la utilidad
y necesidad de vigencia de los propios derechos mismos, se están volviendo a
plantear, de diversos modos y desde diversas instancias, sin que en principio
existan razones o fundamentos objetivos para ello. El que se presenten estos
hechos, considero que es algo que debe llamarnos a la acción. No podemos permitir
que los avances que nuestro país ha tenido en materia de derechos humanos se
reviertan, que los mismos se empiecen a ver como simples postulados teóricos o
meras disposiciones programáticas, sin posibilidad real de defensa o vías para exigir
su cumplimiento, más allá de la promoción de acciones judiciales, sujetas a los
formalismos y requerimientos técnicos inherentes a las mismas.
México tiene leyes e instituciones para que los derechos humanos se defiendan, su
cumplimiento se exija y las violaciones que se presenten se investiguen y
sancionen. No podemos permitir que se propicie la percepción entre la sociedad de
que la verdadera aplicación y vigencia de sus derechos fundamentales sólo será
posible si las personas acuden a instancias internacionales. En este sentido, lo
hemos sostenido en diversas ocasiones, los sistemas regional y universal de
derechos humanos son elementos muy útiles y necesarios para la protección y
defensa de los mismos, pero su carácter necesariamente debe ser complementario
al de los sistemas nacionales. El reto de la CNDH y de los organismos locales
homólogos, es fortalecer la credibilidad y confianza de la sociedad en el sistema de
protección no jurisdiccional de estos derechos.
Los retos que enfrentamos no son sencillos. Desde afectaciones presupuestales,
que restringen y condicionan la capacidad operativa de quienes promovemos y
defendemos los derechos humanos, hasta iniciativas de reformas normativas que,
al desconocer y desnaturalizar la esencia del trabajo del Ombudsperson,
terminarían debilitándolo al reducir sus funciones a las de un participante más dentro
de los procedimientos judiciales, e imposibilitar que continuara ejerciendo su papel
como contrapeso frente a las autoridades, guardián de la legalidad, y factor en el
equilibrio constitucional entre poderes.
La tantas veces repetida frase de “trabajemos por la consolidación y vigencia de los
derechos humanos en México” en este momento es más vigente que nunca,
trascendiendo el sentido meramente retórico, para volverse un mandato y deber,
que nos llama y exige la acción. En razón de ello, y de manera adicional a los
trabajos que se lleven a cabo en este Congreso que hoy nos convoca, quisiera
plantearles respetuosamente, el que adoptáramos un plan básico de acción
enfocado a tres puntos fundamentales, para actuar en beneficio de los derechos, de
las personas, de la legalidad y de la institucionalidad democrática y republicana en
nuestro país:
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- Fortalecer la tarea pedagógica sobre el Ombudsperson: es preciso que,
dentro de nuestro ámbito de competencia, emprendamos acciones para que las
personas y autoridades conozcan la naturaleza, objetivos y funciones de los
organismos que promovemos y protegemos derechos humanos, el largo y difícil
camino que nuestro país ha recorrido en este sentido y, principalmente, que somos
instancias independientes de partidos políticos, ideologías o gobiernos, que
estamos al servicio de México y de su sociedad, al margen de intereses de cualquier
índole ajenos al reconocimiento y respeto de la dignidad humana. - Defensa de la autonomía y atribuciones de los Ombudsperson: esto requiere
denunciar con todo vigor y alzar la voz para evidenciar, con sustento en evidencia
objetiva y fundamento en las normas, tanto nacionales como internacionales, todas
las acciones que de manera directa o indirecta vulneren la autonomía, atribuciones
y operación de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos
humanos. Debemos articular nuestros esfuerzos y capacidades para todos
fortalecer y dar una operatividad real y efectiva al sistema no jurisdiccional de
derechos humanos con que cuenta nuestro país. Pretender que el mismo quede
subordinado a gobiernos o poderes, debilitaría nuestra institucionalidad democrática
y republicana, dejando la puerta abierta para los abusos de poder y la simulación
en la defensa real de los derechos. En este sentido, el ejercicio solidario de acciones
y recursos legales, tiene que acompañarse con la manifestación pública de las
vulneraciones que se intenten y las consecuencias que tendrían las mismas. - Reforzar la presencia pública de los Ombudsperson frente a los abusos de
poder y los requerimientos de las víctimas: de manera cotidiana constatamos
determinaciones y acciones que se tomen en los distintos niveles y órdenes de
gobierno, que parecieran dejar de lado la premisa de que todo acto de autoridad
debe promover el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos. La
ilegalidad, el desconocimiento de la división de poderes, la intolerancia, la
estigmatización, la oposición al disenso, la falta de respeto y atención debida a los
derechos de grupos en condición de vulnerabilidad, así como el pretender restringir
o imponer injustificadamente condiciones o modalidades al goce y ejercicio de
derechos, son tan sólo algunas de las cuestiones que se deben denunciar y
evidenciar. Asimismo, debe reforzarse la atención y apoyo a las víctimas de los
abusos de poder, para que accedan a la real justicia y reparación a la que tienen
derecho. Los Ombudsperson están del lado de la sociedad, de las personas, pero
principalmente deben ser aliados, apoyar y acompañar a las víctimas.
Señoras y señores:
Los ciudadanos de nuestro país han renovado recientemente su compromiso
democrático, pero éste no puede lograr todo por sí mismo, sino a partir de una
relación con los valores que dan sentido al constitucionalismo, es decir, con el
respeto a los derechos humanos. Por ende, no necesariamente las decisiones
adoptadas por el principio de la mayoría o con la simpatía popular son acordes con
los valores constitucionales. Los derechos humanos solo pueden ser vigentes en el
marco del Estado democrático de Derecho, por lo que es preciso que todo acto de
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autoridad respete y fortalezca el respeto y vigencia de los derechos humanos en
nuestro país.
Nuestra función es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones del Estado
Mexicano en materia de Derechos Humanos; salvaguardar y protegerlos a través
de las acciones que legalmente tenemos encomendadas. Nuestros
pronunciamientos no buscan denostar o debilitar gobiernos, autoridades o
instituciones, sino por el contrario, fortalecerlos, al darles la oportunidad de hacer
expreso su compromiso con la legalidad y la dignidad humana, reparando las
violaciones a derechos que se hubiesen cometido. En una democracia republicana,
la tarea de gobernar lleva implícita la necesidad de actuar en el marco de la ley, de
sus instituciones, con respeto a los derechos que la misma reconoce.
Con independencia de las personas que estén al frente de ellos, es indispensable
que trabajemos para asegurar que los organismos públicos de protección y defensa
de los derechos humanos sean, y continúen siendo, instituciones al servicio de
nuestro país, de su sociedad y garantes de la legalidad, como lo he dicho. Debemos
actuar juntos, de manera firme, coordinada y responsable por defender estos
principios y alcanzar estos objetivos. México no puede dar pasos atrás en materia
de derechos humanos ni sacrificar lo que, con el esfuerzo e inclusive sacrificio de
muchas mexicanas y mexicanos, se ha ganado a través de los años en este ámbito.
Los cambios que nuestro país demanda, sólo podrán darse teniendo como piso
común la ley y los derechos.
Agradezco la presencia de las autoridades de gobierno del estado de Zacatecas,
así como la hospitalidad y atenciones que estoy seguro todos hemos recibido de
nuestra anfitriona, la doctora Ma. de la Luz Domínguez Campos. Sin más
preámbulo, siendo las : horas del día 25 de abril de 2019, declaro inaugurado
el quincuagésimo Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos.
Muchas gracias.
